Sobre el uso político de la vejez y la falta de diagnóstico

Hace unos años, tras licenciarme en Sociología, me llegó desde un portal de empleo una oferta de trabajo para ser profesora de salsa. No es que pagasen mal, el trabajo era en la ciudad en la que vivía, hasta podía ser un trabajo interesante. El único problema es que, siendo arrítmica orgullosa en la mayor parte de mis movimientos, no se bailar salsa, así que menos podría enseñarla. Desconozco qué persona o algoritmo decidió que ese trabajo se ajustaba a mi perfil. Pues a veces con las medidas políticas sucede lo mismo: no se ajustan a las necesidades o demandas del público al que van dirigidas.

En época de elecciones, las personas mayores se convierten en una especie de público objetivo al que apuntar. Ya hemos revisado cómo las personas mayores suponen un importante porcentaje de la población (hablamos de ello aquí y aquí): nada menos que el 19%. Este porcentaje es aún más importante si solo tenemos en cuenta a la población que potencialmente puede votar. El censo de españoles residentes con derecho a voto entre españoles residentes en España a 1 de octubre de 2019 era de 34.765.197 personas y de 2.124.352 de españoles residentes en el extranjero (datos INE). Pero es que, además, las personas mayores parecen más inclinadas a ir a votar. 

Todo esto convierte a las personas mayores en electorado potencial. Los mayores de 65 años, de quienes pocas políticas se acuerdan en el periodo entre elecciones (que en España últimamente es corto, vaya) se convierten en un grupo preciado cuando se acercan las elecciones, o cuando hay que justificar lo mucho que los gobiernos (nacionales, autonómicos, locales) intervienen en materia social. 

La reflexión que supone este post viene marcada por una noticia que no deja de sorprenderme sobre la bajada del abono transporte en la Comunidad de Madrid para los mayores de 65 años. Actualmente (se pueden consultar los precios aquí) el abono “tercera edad” (ay, ese nombre…¿Cuál es la primera edad? ¿Y la segunda?) son 12,30€ y el año que viene bajará a 9,30€. La presidenta de la Comunidad de Madrid apunta a su gratuidad en unos años. ¿Cómo mejora esto la calidad de vida de las personas mayores?

Cabría pensar que este ahorro de tres eurazos mensuales va a tener un gran impacto en las economías domésticas de las personas mayores, pero la verdad es que me resisto a pensarlo. Más bien entiendo que este tipo de medidas producen un desprecio comparativo y azuzan eso de la “lucha intergeneracional”. Sí, en este caso considero que la rebaja sería más adecuada en otros grupos de edad que utilizan el transporte con más frecuencia, pero, además, considero que las personas mayores tienen necesidades más urgentes y con mayor impacto potencial que la que puede suponer una rebaja de 3 euros en el abono transporte. Esta afirmación no la hago a la ligera: mi tema de investigación siempre ha orbitado en torno a la vulnerabilidad, que tiene diferentes facetas (es una realidad multivariable, compleja y urgente) y diferentes manifestaciones. La rebaja de 3 euros en el abono transporte no me parece resolver ninguna de ellas. De hecho, me parece que forma parte de una comprensión de la vejez muy reduccionista, en la que se utiliza la idea de “pan y circo” para acallar demandas mucho más potentes. Ni siquiera voy a referir la escasa atención que recibió la marcha de dos columnas de jubilados que marcharon desde Rota y Bilbao hasta Madrid reclamando pensiones dignas (¡uy! pues sí que lo he mencionado). Con excepciones políticas (sí les recibió un partido político) pero sorprendentemente con una escasísima atención en prensa. Era una gesta encomiable, pero no tuvo el eco que merecía. Se podría argumentar el nivel de responsabilidad: el gobierno central tiene una serie de competencias y el gobierno autonómico tiene otras, así que mezclo churras con merinas. De acuerdo. Pensemos entonces en las medidas que se pueden tomar desde la dimensión local y autonómica y cómo podemos pensar en medidas que beneficien al grupo de personas mayores. 

Por ejemplo, y si queremos volver a la cuestión del transporte, podríamos pensar en la cuestión de la accesibilidad: ¿todas las estaciones del metro son accesibles para las personas con movilidad reducida? ¿y las del tren? ¿qué pasa con los autobuses? ¿todos los barrios de Madrid están igual de bien comunicados? Podríamos dar el salto y analizar las formas de transporte de otras zonas de la Comunidad de Madrid. Las personas mayores que residen en municipios de la zona C1, por ejemplo, ¿tienen afluencia de transporte suficiente? De manera general, lo que impide a las personas mayores usar el transporte público no es su precio sino disponibilidad y problemas de accesibilidad. Recordemos que además no van solos en el autobús que conecta con la ciudad de Madrid o con el pueblo de al lado, sino que una mejora de transportes o de accesibilidad beneficiaría potencialmente a numerosos usuarios de todas las edades. 

Podemos apuntar a otras medidas más allá del transporte público, medidas que me parecen más urgentes. Pongamos el ejemplo de Paulino, que es un señor de 89 años que reside en Vallecas (el barrio donde crecí y donde viví hasta que me mudé a Estados Unidos). Paulino vive en un segundo sin ascensor (equivalente en altura a un tercero) con unas escaleras bien empinadas. Paulino, aunque está muy en forma para su edad, cada vez encuentra más difícil bajar y subir las escaleras, así que hay días en los que se siente cansado y no baja a la calle. No solo él, sino que todos los vecinos de su portal se beneficiarían enormemente de unas ayudas a la rehabilitación y a la instalación de ascensor en el portal. Es cierto que en el pasado existieron, que existen de vez en cuando, pero precisamente porque trabajé tres años en un proyecto relacionado con Áreas de Rehabilitación Integral (ARI) y en áreas de rehabilitación de centro histórico (ARCH) se que: a) las ayudas no llegan a todo el mundo; b) las ayudas no son suficientes para numerosas economías, entre ellas, las de numerosas personas mayores y; c) Llegan tarde, a veces tan tarde que dificultan que numerosas personas puedan acceder. Sobre este tema además hablé ampliamente en mi tesis, así que podemos revisar estas dificultades y limitaciones otro día. 

Podríamos referir otras medidas que Paulino necesitaría, o que necesitaría su vecina de enfrente, como una ayuda económica para cambiar su bañera por una ducha, por ejemplo. Paulino tiene la pensión mínima y ahorra cuanto puede, pero una reforma se escapa de su economía. Como he estado en la casa de Paulino, puedo decir que su vivienda necesita alguna otra reforma más, alguna urgente y otras que no son urgentes pero que mejorarían mucho su vida. Pero determinados desembolsos pueden ser inviables en economías bajas. 

Pero vamos a ser hasta más ambiciosos y vamos a revisar otra medida que beneficiaría a más personas. Podríamos decir que unas ayudas para cambiar la bañera solo beneficiarían al hogar de Paulino (como si esto fuera poco), pero vamos a ampliar la mirada. Pensemos en una medida que mejore la calidad de vida de Paulino y la de otros beneficiarios de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia. Es más, una medida que tenga efectos positivos no solo sobre los demandantes sino sobre las propias trabajadoras. Es decir, no me refiero solo a que Paulino necesita más horas de las que tiene concedidas (lo que supondría contratar a más personas), sino que sería estupendo, pero estupendo, que la señora que viene a su casa tuviese unas buenas condiciones de trabajo. Y por buenas condiciones de trabajo ni siquiera me voy a volver tan loca como para referir una subida de sueldo (merecida, necesaria) sino que voy a referir otros aspectos de este trabajo que podrían mejorarse. Pensemos en Asun, que, aunque no es el nombre de la persona que trabaja en la casa de Paulino, es una señora real que trabaja en servicio de atención a domicilio en la misma comunidad, incluso en el mismo barrio, en el que vive Paulino. Cuando Asun (que vivía en uno de esos pueblos con transporte escaso pero que iba cada día a trabajar a la ciudad de Madrid) me enseñó su cuadrante, no me lo podía creer: “Con estos horarios, ¿cómo haces para llegar de una casa a otra?”. Los horarios de Asun eran imposibles. No, las casas no están en el mismo edificio, esto es normal. Pero a veces las casas están alejadas unas de otras, sin que esto suponga un cálculo adicional del tiempo que se tarda en salir de una vivienda y llegar a la siguiente. Esto no solo perjudica a Paulino y a la siguiente persona en el cuadrante de Asun, sino que estresa enormemente a las trabajadoras, que tienen un trabajo duro (también emocionalmente duro) poco reconocido socialmente y que además tiene que ir corriendo de una casa a otra. 

Esto son solo ejemplos, ejemplos reales que he recogido en estos años de investigación, pero que merecen sin duda una reflexión por parte de los gobiernos, especialmente si es que queremos destinar medidas a la vejez. Podemos hablar de costes de unos y otros (que también tengo argumentos) pero lo que reclamo aquí es un diagnóstico de las necesidades que se dan en la vejez. Una vejez que no es heterogénea y en la que existen necesidades sin resolver. Políticas que dejen de cosificar a la vejez con tremendos errores de cálculo, medidas que hacen ruido para disimular las necesidades reales que existen y que disminuyen la calidad de vida de tantas, tantas personas mayores. Y de quienes les rodean.