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Diálogo Abierto
Lunes, Noviembre 30, 2020
El bienestar futuro de los mayores en el sur de Europa
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Abstract
El bienestar de los jubilados de hoy es consecuencia, en buena medida, de la evolución del país en los pasados 50 años, y el bienestar de los jubilados futuros es dependiente del bienestar de los niños y jóvenes actuales. A finales del siglo XX, son muchos los países que han iniciado una política orientada, esta vez, a reducir el riesgo de pobreza infantil, pero esta ola todavía no ha inundado el sur de Europa. En España, el mayor riesgo de pobreza de los hogares con hijos dependientes relativo a los hogares de las mismas características, pero sin hijos, no ha variado en los últimos años de crecimiento económico. Estará por ver, si las medidas de protección social que obliga a implementar la crisis derivada de la pandemia servirán para iniciar una nueva etapa de mayor protección a la infancia que ayude a mejorar las pensiones futuras.
Articulo
El riesgo de pobreza que tienen las generaciones extremas está siguiendo una pauta común y preocupante en todos los países del sur de Europa. En el ciclo económico recesivo entre los años 2008 y 2013, según los datos publicados por Eurostat, la pobreza entre los mayores de 65 años se redujo mucho más en Italia, Portugal, España y Grecia que en el conjunto de la UE-18. ¿Porqué esta buena noticia ha de ser preocupante? Porque ha estado acompañada de otra, nada halagüeña para las futuras cohortes de mayores, a saber, que la pobreza entre los menores de 16 años creció en esos mismos países. La crisis financiera de 2008 puso de manifiesto, en países como España, una situación de desequilibrio que podría ser utilizada como ejemplo de un supuesto conflicto entre generaciones. Al mismo tiempo que el paro ha fustigado duramente a las familias en fase de procreación, los gobiernos centrales, autonómicos y locales han reducido sus presupuestos en becas de estudios, servicios de preescolar, becas comedor y otras partidas de asistencia social de las cuales se benefician en gran medida los menores de edad. Por el contrario, las pensiones de jubilación se han mantenido congeladas. Pero en un contexto de caída generalizada de las rentas del trabajo, la congelación de las pensiones ha significado una pérdida de consumo para los jubilados inferior a la que ha tenido que soportar buena parte de los activos y sus hijos. Cuando los indicadores macroeconómicos se han recuperado, entre 2013 y 2018, las tendencias de la pobreza por grupos de edad se han revertido de modo que, si bien el riesgo de pobreza infantil se ha reducido algo, ha aumentado más, de nuevo, la pobreza entre los mayores. Se confirma así, una tendencia de ciclos inversos en el riesgo de pobreza, según la cual, bajo las condiciones laborales actuales y la congelación de las pensiones, los períodos de expansión económica aumentan la pobreza de los jubilados y disminuye la de los infantes.
La crisis financiera de 2008 puso de manifiesto, en países como España, una situación de desequilibrio que podría ser utilizada como ejemplo de un supuesto conflicto entre generaciones
En el sur de Europa, no sólo el gasto social es claramente favorable a los jubilados, como ocurre en muchos otros países, sino que las restricciones de gasto social derivadas de la crisis, escasamente han afectado a los jubilados, mientras que las rentas del trabajo han caído dramáticamente entre los activos. En consecuencia, la pobreza infantil, ya de por sí muy elevada en España, ha aumentado a niveles escandalosos.
El análisis de este período de recuperación económica nos puede dar indicios de su posible evolución una vez se supere la crisis generada por la pandemia del COVID19. Los infantes, junto a los adolescentes, han continuado siendo el grupo demográfico con mayor riesgo de pobreza en España. Además, los pobres de 2017 estaban en peores condiciones de vida que los pobres antes de la recuperación económica iniciada en 2013; especialmente si se trataba de hogares monoparentales. ¿Qué factores han explicado esta evolución de la pobreza infantil? El aumento de los ingresos de los hogares con infantes se ha debido sobre todo a un aumento generalizado de la ocupación en las cohortes de edad inferior a los 45 años, que son quienes con mayor frecuencia tiene hijos menores de edad. Por tanto, no podemos atribuir la mejora en el bienestar infantil a ninguna política específica de apoyo a la infancia, como pueda ser una mejora en la cobertura o en la intensidad protectora de las transferencias en metálico. Es más, la eficacia de las transferencias públicas en la reducción de la pobreza infantil ha caído en los últimos años.
La política que sí parece haber contribuido positivamente ha sido la de aumentar la oferta pública de plazas de educación infantil
Este aumento de la oferta ha permitido que algunas madres se hayan incorporado a un mercado de trabajo con mayor demanda de mano de obra, si bien con salarios más bajos y mayor precariedad que antes de la crisis financiera. La menor remuneración por hora trabajada habría reducido el incentivo a trabajar de las madres si no hubiera habido mayor acceso a escuelas infantiles.
Es importante destacar que el mayor riesgo de pobreza de los hogares con hijos dependientes relativo a los hogares de las mismas características, pero sin hijos, no ha variado en esos años. Los parvularios han podido contribuir a que algunas madres buscaran empleo, pero su efecto no ha sido suficiente como para reducir el diferencial de ingresos que tienen los hogares con hijos respecto a los hogares sin hijos. Un factor a considerar es, seguramente, el precio que las escuelas infantiles cobran a sus usuarios, aun siendo públicas, y que disuade de trabajar a las madres con peores perspectivas en el mercado laboral y cuyos hogares tienen menor renta. Máxime si tenemos en consideración que el aumento de los contratos precarios ha hecho crecer la proporción de trabajadores pobres. El otro factor es la persistente ausencia de una política de transferencias en metálico a las familias con hijos dependientes, que son tan corrientes en los países más desarrollados de la Unión Europea.
Abundan los analistas políticos que consideran esta situación como el resultado lógico de un desequilibrio de poder entre los mayores que votan y los menores que no tienen derecho sufragio. Sin embargo, es falso que, en sentido estricto, deba haber un conflicto de intereses universal entre generaciones. De hecho, que haya o no conflicto depende del sistema político de cada país y de cómo están institucionalizados los canales a través de los cuales fluyen los intereses cívicos hacia los partidos políticos. Es en las sociedades con menor coordinación de las entidades cívicas donde el sesgo a favor de las generaciones actuales de jubilados es más elevado, como ocurre en la Europa del sur.
La distribución de recursos entre generaciones no debe ser un juego de suma cero en el que un grupo de edad mejore su bienestar a expensas de la calidad de vida de otro grupo de edad de suma cero en el que un grupo de edad mejore su bienestar a expensas de la calidad de vida de otro grupo de edad
Si se adopta una perspectiva de análisis dinámico de las generaciones. El bienestar de los jubilados depende de sus historiales laborales pasados, de la capacidad de generar riqueza de los activos y de las lógicas políticas que impulsan sistemas de protección social. Siguiendo el mismo razonamiento, el bienestar actual de los niños, condiciona las oportunidades vitales que tendrán en su edad adulta y sus recursos acumulados cuando alcancen la edad de jubilación. Además, los recursos que generen, y la productividad en su etapa adulta, condicionarán la sostenibilidad del sistema de protección social de los mayores. Si una parte importante de los activos han de tener empleo precarios y padecer largos períodos de desempleo, debido a las consecuencias derivadas de un desarrollo pobre en su etapa infantil, su contribución neta al sistema de protección social será escasa, dado que sus bajos salarios no permitirán elevadas contribuciones fiscales, y su riesgo de desempleo les convertirá en usuarios recurrentes de las prestaciones por desempleo y de los servicios de asistencia social, mermando la capacidad del sistema para atender a las personas mayores.
El bienestar de los jubilados futuros es dependiente del bienestar de los niños y jóvenes actuales
El bienestar de los jubilados de hoy es consecuencia, en buena medida, de la evolución del país en los pasados 50 años, y el bienestar de los jubilados futuros es dependiente del bienestar de los niños y jóvenes actuales. Muchos de los jubilados actuales han tenido unos historiales laborales espléndidos, con empleos estables y buenos salarios, pero las próximas cohortes de jubilados cada vez tendrán peores historiales, y en especial las cohortes demográficas nacidas a partir de los años sesenta del siglo XX. Estas cohortes demográficas han sido afectadas por la destrucción de empleo en la crisis financiera de 2008 a la edad en que su actividad laboral es fundamental para determinar el importe de la pensión de jubilación, y los empleos que hayan podido obtener después han sido de peor calidad, fácilmente degradables en la crisis causada por el COVID19. Aunque está por ver la eficacia que haya podido tener la nueva política de protección social institucionalizada a través de la expansión del gasto en ERTEs y en el Ingreso Mínimo Vital.
En los años 60 del siglo XX casi todos los países desarrollados llevaron a cabo reformas en sus sistemas de pensiones que condujeron a una reducción notable en el riesgo de pobreza de los jubilados. A finales del siglo XX, son muchos los países que han iniciado una política orientada, esta vez, a reducir el riesgo de pobreza infantil, pero esta ola todavía no ha inundado el sur de Europa. El interés por el bienestar infantil responde a la presión social, en buena medida ejercida por el movimiento feminista, y al interés de las élites políticas y económicas por mejorar el capital humano y hacer más competitivas las economías nacionales, pero también ha sido la respuesta a un aumento de la pobreza infantil inducido por el aumento en la inestabilidad familiar y el crecimiento de las familias monoparentales, que cada vez es más frecuente en los estratos sociales menos favorecidos.
Es un hecho que la elevada pobreza infantil está asociada a una menor productividad y a salarios más bajos de los futuros trabajadores elevada pobreza infantil está asociada a una menor productividad y a salarios más bajos de los futuros trabajadores
Es un hecho que la elevada pobreza infantil está asociada a una menor productividad y a salarios más bajos de los futuros trabajadores elevada pobreza infantil está asociada a una menor productividad y a salarios más bajos de los futuros trabajadores, lo cual ha de afectar a la capacidad de los regímenes de Seguridad Social y a los sistemas sanitarios y de servicios sociales para atender las necesidades derivadas del envejecimiento de la población. En suma, es preocupante que la contención en el gasto de la Seguridad Social en pensiones no vaya acompañada de un mayor esfuerzo para mejorar la igualdad de oportunidades de las nuevas generaciones.
* El contenido de este escrito está basado en trabajos previamente publicados por el autor. Sobretodo en los artículos de G. Esping-Andersen y S. Sarasa (2002), ‘The generational conflict reconsidered’; Journal of European Social Policy, 12(1): 5-22; S. Sarasa (2013), ‘Cambios demográficos, protección social y pobreza’, en Presupuesto y gasto público, 71: 127-142, y S. Sarasa (2012), ‘Crisis económica y pobreza infantil en algunos países de la Unión Europea’, en V. Navarro y M. Clua-Losada (eds.) El impacto de la crisis en las familias y en la infancia; Barcelona: Ariel, pp. 17-56; y S. Sarasa (2020), Pobreza, ocupación de las madres y educación infantil en un contexto de crecimiento económico.
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El autor nos anima a ampliar el diálogo con esta pregunta
¿Qué impide en España llevar a cabo una política más contundente de lucha contra la pobreza infantil y de inversión en las nuevas generaciones?
Respuestas de expertos
Salvador Pérez Moreno
Profesor Asociado de Política Económica
En primer lugar, he de decir que todavía existe en España cierto escepticismo, e incluso negacionismo, acerca el problema real de la pobreza infantil. Desde algunos sectores, se entiende que se exagera y que realmente en nuestro país no existe 2,5 millones de niños pobres. Es evidente, pues, que muchas personas no entienden las desventajas que supone ser un niño pobre en un país del Norte como España, muy diferente a lo que es ser pobre en un país en desarrollo, aunque igualmente con consecuencias muy negativas tanto para el individuo que padece esa situación como para la sociedad en su conjunto.
Por otro lado, en el plano político, cabe afirmar que, en España, hasta la fecha, ningún partido político, ni de derecha ni de izquierda, ha tomado claramente la bandera de la lucha contra la pobreza infantil. Es algo en lo que en general hay un amplio consenso entre casi todas las fuerzas políticas, pero que nadie ha apostado decididamente por priorizarlo y combatirlo de manera contundente.
En España, hasta la fecha, ningún partido político, ni de derecha ni de izquierda, ha tomado claramente la bandera de la lucha contra la pobreza infantil
Y relacionado con ello hemos de subrayar que, frente al desarrollo que han tenido las pensiones y otras prestaciones monetarias a lo largo de la historia en nuestro Estado de bienestar, la política familiar siempre ha sido la gran olvidada. Quizá, en cierta medida, detrás de ello subyace la creencia que los hijos son responsabilidad de los padres, los cuales están en edad de trabajar y que, más allá de las prestaciones específicas diseñadas para cubrir necesidades concretas (desempleo, incapacidad, etc.), no es prioritario desarrollar más las ayudas familiares dirigidas especialmente a la infancia.
En definitiva, en línea con lo argumentado por el Profesor Sarasa, en términos de prestaciones monetarias, la culpa de las altas tasas de pobreza infantil en España no hay que buscarla en un desarrollo extravagante de las pensiones, que no es así, pues, podría ser similar al de otros países de nuestro entorno, sino en buena medida a unas casi inexistentes políticas de transferencias específicas de lucha contra la pobreza infantil, amén de otros motivos ajenos a nuestro sistema de prestaciones (disfunciones mercado de trabajo, deficiencias en el sistema educativo, etc.).
Olga Cantó Sánchez
Catedrática de Fundamentos del Análisis Económico
En España, las tasas de riesgo de pobreza infantil llevan siendo muy altas más de tres décadas y el aumento del desempleo y el subempleo en el último ciclo recesivo previo a la COVID-19 produjo un importante empeoramiento en el bienestar económico y material de los más jóvenes y de sus familias debido a la ausencia de políticas públicas de protección de rentas que sostuviesen unos niveles mínimos de ingresos cuando el desempleo se manifestaba de forma intensa.
En la mayoría de los países de nuestro entorno la crianza de los menores se concibe como una tarea compartida por las familias y el Estado, porque parece claro que la supervivencia de los Estados del bienestar se ha de fundamentar en la solidaridad intergeneracional. En consecuencia, los Estados proporcionan una red de protección capaz de garantizar el crecimiento de la población y de disminuir la proporción de menores que crecen en situaciones de pobreza, con el fin de mantener la inversión necesaria que asegure la calidad futura del capital humano. A grandes rasgos, las políticas de transferencias monetarias se pueden dividir en dos tipos según su diseño: políticas universales y políticas condicionadas a unos ingresos bajos. Las primeras son transferencias monetarias a toda la población y no exigen requisitos de capacidad económica a los potenciales perceptores. Las segundas, son transferencias monetarias a una parte de la población y exigen que el hogar no supere un determinado nivel de renta o riqueza para poder percibirlas.
En la mayoría de los países de nuestro entorno la crianza de los menores se concibe como una tarea compartida por las familias y el Estado, porque parece claro que la supervivencia de los Estados del bienestar se ha de fundamentar en la solidaridad intergeneracional
Diversos estudios han tratado de discernir cuál de estos dos diseños resulta más eficaz para reducir la pobreza y la desigualdad en distintos contextos institucionales. La pregunta clave es si debemos elegir o podemos compatibilizar ambas opciones. En países como Alemania, Austria, Bélgica, Francia o Reino Unido la ayuda universal se combina con diversas prestaciones focalizadas como apoyo adicional a las familias con menos recursos. En Francia y Austria, las prestaciones focalizadas se concentran en los colectivos más vulnerables a la pobreza, como las familias numerosas o las monoparentales y en Países Bajos y Finlandia tienen prestaciones focalizadas para cubrir determinados gastos clave, como los gastos médicos o los de cuidado de menores. En España, no tenemos una prestación universal por hijo y la compensación de gastos de crianza opera a través de desgravaciones fiscales no reembolsables para las familias que no están obligadas a tributar. Además, la prestación focalizada es baja y llega a un número muy limitado de familias. Todo ello hace a nuestro sistema muy débil para combatir la vulnerabilidad económica de las familias con menores a cargo.
Es conocido que las tasas de pobreza infantil son especialmente elevadas en nuestro país. En 2005 se situaban por encima del 25% y la crisis pronto las hizo crecer aún más, alcanzando rápidamente el 30%, una cifra casi 10 puntos superior a la del conjunto de la UE27, que situaba a España en las posiciones de cabeza del ‘ranking’ europeo de la pobreza. El artículo del profesor Sarasa combina este fenómeno con otro también de interés, la descompensación entre las tasas de los niños y jóvenes y de la población mayor de 65 años y, aún más, el de su respectiva evolución a lo largo del ciclo económico reciente. De esta descompensación algunos deducen un potencial conflicto generacional, una cuestión de importantes implicaciones, tanto a nivel societal como de ordenación del gasto social.
¿Significa la desigual evolución de las tasas de pobreza de los menores y los mayores en nuestra sociedad que estamos antes un conflicto de intereses entre ambos? Como señala el autor, lo que ha ocurrido durante la crisis es que mientras el poder adquisitivo de los activos se veía mermado por la quiebra del empleo, el de los pensionistas se mantenía estable. Unos pasaron por tiempos más duros que otros, pero ello no implica que exista un juego de suma cero entre ambos.
Los niños y jóvenes no cuentan salvo excepciones con rentas propias, dependiendo de las de sus progenitores. Su pobreza es pues un síntoma de la pobreza de sus padres y madres. En tiempos de turbulencia económica, caída de la actividad y devaluación salarial, es lógico que sus rentas desciendan y, por ende, que aumente la proporción de aquellos que quedan por debajo del umbral de la pobreza. También, aunque esto tiene poco que ver con la situación de pobreza relativa, que sus niveles de vida empeoren y que su situación objetiva se deteriore.
Parece lógico que esto ocurra con mayor intensidad precisamente en los países en los que el impacto de la Gran Recesión fue mayor, como es el caso de España y de alguno de sus vecinos del flanco sur de la UE donde la crisis fue no solo más larga, sino más destructiva en términos de empleo y de riqueza. Por su parte, los jubilados tienen al Estado como principal proveedor de rentas a través de las pensiones de jubilación (y, en menor medida, de viudedad). Puestas así las cosas, sus situaciones respectivas de privación relativa no deberían ser achacables a las mismas fuerzas o factores. Reclamar que la pobreza de los mayores se equiparase a la de los menores requeriría además explicitar si lo que se pretende es que suba la primera o baje la segunda.
¿Habría sido mejor la situación de los niños si las pensiones de sus abuelos y abuelas se hubieran deteriorado al mismo ritmo y con la misma intensidad que las rentas de sus padres activos durante la crisis?
Para responder a esta cuestión deberíamos tener además en cuenta que tanto los niños como los mayores viven y conviven en hogares, dentro de los cuales se combinan las rentas del capital, del trabajo y las provenientes del Estado, ya sea en forma de pensiones, subsidios, becas o prestaciones de diverso tipo. Las tasas de pobreza, de hecho, se calculan sobre el ingreso de los hogares ajustado por su tamaño y composición en términos de edad, esto es, reconociendo que dentro de los hogares se producen una combinación de los recursos económicos de los distintos miembros, unos recursos potencialmente provenientes de distintas fuentes. La estructura de los hogares se convierte así en el elemento clave: si los niños estuvieran distribuidos homogéneamente entre los hogares, su pobreza sería la misma que la de los adultos; pero al estar concentrados en hogares específicos reducen los ingresos de sus iguales más que los de los adultos en general y los de los mayores de 65 años.