Juha Alho ha argumentado en contra de la directiva de la UE sobre la fijación de precios unisex para las rentas vitalicias. Esta directiva no sólo modifica la tarificación de las rentas vitalicias, sino que también se aplica a los seguros de salud, los seguros de vida y los seguros de coche. Por esta razón, quiero adoptar una perspectiva algo más amplia en mi comentario, aunque apoyo completamente su opinión negativa. Siendo economista, me pregunto si podría haber un caso económico para la fijación de precios unisex de los productos de seguros. ¿Cuáles podrían ser las directrices económicas generales o racionales a aplicar? Sobre la base de estas directrices, ¿Cómo evaluaríamos entonces la fijación de precios unisex de diversos productos de seguros?  

Por ejemplo, hasta 2008 el costo del parto y la maternidad sólo eran sufragados por las mujeres en el seguro médico privado alemán. Esta práctica terminó en 2008 y supongo que casi nadie defendería esas primas específicas por género. Al menos implícitamente tenemos en cuenta que no sólo la madre, sino también el padre y al final toda la sociedad se beneficia de los hijos. La reforma redujo ligeramente las primas para las mujeres, pero éstas seguían teniendo que pagar entre un 15 y un 20 por ciento más de primas debido al coste adicional que supone una mayor duración de la vida. Esta práctica terminó en 2012 con la aplicación de la directiva de la UE. En mi opinión, un argumento de equidad podría justificar las primas independientes del género en esos contratos de seguro médico obligatorio. Pero, ¿por qué no se aplica esto a la tarificación de las rentas vitalicias? En primer lugar, las rentas vitalicias son un producto privado típico en el que no hay externalidades. 

En consecuencia, no hay ninguna justificación para la fijación de precios unisex basada en razones de eficiencia o asignación. En segundo lugar, en mi opinión tampoco hay ningún argumento de equidad a favor de la fijación de precios unisex. Los productos de renta vitalicia no suelen ser obligatorios, como los seguros de salud. Si el proveedor de seguros pide un precio medio, independiente del género, la prima del seguro aumenta para los hombres y disminuye para las mujeres. En consecuencia, menos hombres comprarán el producto, por lo que el precio aumentará aún más hasta que, al final, solo las mujeres compren la renta vitalicia al precio anterior específico para cada género. En consecuencia, las mujeres no están mejor que antes, sino que los hombres quedan excluidos del mercado. Se trata de un claro deterioro en el sentido de Pareto. 

Por supuesto, la misma argumentación se aplica en el caso de los seguros de vida, pero aquí las mujeres quedarán excluidas del mercado al final. En cambio, este argumento no se aplica en el caso de los seguros de automóviles. Son obligatorios y se puede tener en cuenta el comportamiento de conducción anterior a la hora de calcular las primas individuales. No veo ningún argumento claro en contra de la tarificación unisex.

Creo que la fijación de precios unisex que pretende prevenir la discriminación de género puede inducir a una mayor discriminación en algunas situaciones una vez que se toman en cuenta las reacciones del mercado.

Por consiguiente, hay que tener mucho cuidado al aplicar precios unisex a los productos de seguros. No lo descarto por completo para todos los productos de seguros, pero no veo ningún argumento económico para precios unisex de las rentas vitalicias.  
 

Excluir el sexo en la tarificación de los seguros de vida individuales, tanto de supervivencia como de riesgo puro, no tiene sentido desde el punto de vista actuarial y hay que entenderlo por aplicación del principio de igualdad de contribuciones, que no de prestaciones, porque si la prima es idéntica por sexo, las prestaciones serán diferentes. La lógica de tarifas diferentes utilizada anteriormente radicaba en que se estaba asegurando la misma prestación, si bien con diferente prima. Por tanto, hemos pasado de una situación de “discriminación por sexo en la prima”, en la que mujeres y hombres pagaban por su propio riesgo, a una “discriminación por sexo en la prestación“´, en la que la prima unisex dependerá del mix de hombres y mujeres de la compañía de seguros comercializadora. Nada impediría que un consumidor “informado” pudiera hacer arbitraje y contratara productos de seguros con “sesgo por sexo favorables” y dirigiera sus ahorros a otros productos financieros en aquellos en que fuera desfavorable, sobre todo dentro de la tendencia actual de no privilegiar unas soluciones sobre otras dentro del tercer pilar. En sentido contrario, en los seguros de vida de empresa, del segundo pilar, la tarificación es por sexo, por lo que nos encontramos que el mismo riesgo se tarifica de manera diferente, en un ámbito, en el laboral, en que podría defenderse el mismo criterio que en los seguros individuales.

No es cierto que el sexo, al igual que la edad, sea la única variable explicativa de la prima. El mundo del Big Data pueda abrir las puertas a tarificaciones más precisas, “cuasi-individuales”, que permitan a las aseguradoras disminuir el riesgo implícito actual, mediante la consideración de otros factores (educación, nivel de vida, ingresos, factores médicos, etc.). Este argumento, que es el que se utiliza para defender que la unificación de tarifas por sexo es coherente con principios de no discriminación porque las tarifas pueden ajustarse por otros factores, puede chocar con el punto de vista de los consumidores. Porque, ¿están los consumidores preparados para pagar diferentes primas por factores de riesgo de los que no conocen su influencia económica en la prima? ¿No existirá el riesgo de que se prohíban normativamente, por ejemplo, discriminaciones futuras por edad? 

Cuanto más se aleje la tarificación del riesgo de su medición empírica, mayor será el margen de seguridad que puedan requerir las aseguradoras y, por tanto, menos atractivo el precio para los clientes.

La complejidad actuarial del género.

La igualdad de género es un hecho y un derecho jurídico, social y humano que choca en algunas ocasiones con la realidad económica.

Una idea sencilla que, sin embargo, esconde una realidad mucho más compleja. Está demostrado que, sea cual sea el momento, país, raza o región del mundo, las mujeres viven más años y, como tal, la lógica actuarial nos lleva a pensar que se deben aplicar mayores tarifas y mayores provisiones matemáticas en las rentas vitalicias, aunque desde hace 15 años esto no es posible hacerlo de manera generalizada en el cálculo de la prima por la aplicación de la Ley Orgánica 3/2007 que transpuso una directiva europea en este mismo sentido; en concreto la Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro. Así, el artículo 71 de la Ley Orgánica, relativo a factores actuariales, estableció en su primer párrafo que se prohibía la celebración de contratos de seguros o de servicios financieros afines en los que, al considerar el sexo como factor de cálculo de primas y prestaciones, se generen diferencias en las primas y prestaciones de las personas aseguradas.

Sin embargo, la Ley Orgánica, al igual que la Directiva comunitaria que transponía, abrió una gatera para soslayar ese derecho natural a la igualdad y, estableció una excepción sobre la aplicación en el cálculo de la prima de tablas actuariales que diferencia la supervivencia en función del sexo.

La propia Ley Orgánica, en el párrafo segundo de su artículo 71.1, traspuso textualmente el texto permisivo de la directiva, donde se afirmaba que se podrían fijar supuestos en los que se admitan diferencias proporcionadas de primas y prestaciones de las personas consideradas individualmente, si el sexo constituye un factor determinante de la evaluación del riesgo a partir de datos actuariales y estadísticos pertinentes y fiable —algo bastante fácil—. Por consiguiente, en Europa toda la industria aseguradora continuó aplicando diferentes tarifas por género.

Y esto fue así hasta que la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) de 1 de marzo de 2011, en el asunto C-236/09 (Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL) estableció que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro, se declaraba inválido con efectos a 21 de diciembre de 2012.

A partir de ese momento, la gatera se cerró a cal y canto en la tarificación, totalmente para diferenciar entre sexos, aunque existieran datos que verificaran la mayor esperanza de vida de las mujeres. Esa sentencia hizo derogar el “famoso” párrafo segundo del artículo 71.1, que había dejado hasta entonces “en aguas de borrajas” la igualdad, hasta ese 21 de diciembre de 2012.

Ahora bien, ciertamente, esa prohibición jurídica es sólo para los contratos de seguros procedentes de servicios financieros; es decir, los seguros individuales, porque los seguros colectivos llevan su propia legislación donde en el cálculo de la prima sí se permite la diferenciación de tablas actuariales por sexo. Esto está recogido en la vigente Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, donde en el tercer párrafo del artículo 94, relativo a las tarifas de primas y bases técnicas, se establece, en cuanto al principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres, que se exceptúan de ello a los contratos de seguro vinculados a una relación laboral, en los cuales se permite la diferenciación en las primas y prestaciones cuando esté justificada por factores actuariales. Y ello con al amparo de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación.

Por consiguiente, señoras y señores, el galimatías jurídico actuarial está servido, porque en la actualidad en el cálculo de la prima sí se permite discriminar actuarialmente en el ámbito de los seguros colectivos, es decir, en lo laboral; pero no se permite discriminar actuarialmente en los seguros individuales, es decir en el ámbito financiero. Y, por si fuera poco, en cuanto al cálculo de las provisiones matemáticas de la aseguradora, en todos los casos sí está permitido el uso del dato de la mayor esperanza de vida de las mujeres.

El problema de la discriminación de género por razón de la mayor expectativa de vida que tienen las mujeres, paradójica situación, no siempre se soluciona obligando —o recomendando— por el legislador a utilizar tablas actuariales unisexo. 

En el ámbito de los seguros individuales, utilizar imperativamente una tabla unisexo sí soluciona la discriminación de género, pero tiene sus inconvenientes, entre ellos la subida generalizada de precios —suponiendo que el asegurador es agente económico racional— para mantener los ratios de solvencia y mayores costes de capital que supone. Por tanto, la aplicación de tablas distinguiendo por sexos mejora la solvencia del sistema. A su vez, de facto, aplicación de tablas unisexo hacen que sólo los consumidores de seguros financian esa loable política social. En consecuencia, no es toda la sociedad —aplicando criterios de equidad y justicia redistributiva— la que soporta el coste de la política de igualdad de género, sino sólo los consumidores del producto. Se puede decir que, quizás, el carácter difuso de este coste no genere demasiado rechazo, pero, en todo caso, existe y, por lo tanto, debe ser puesto de manifiesto.

Pero es que en el ámbito laboral, es decir, de los seguros colectivos —incluidos los planes de pensiones del sistema de empleo— utilizar una tabla unisexo no soluciona la discriminación de género y, por eso, el legislador permite diferenciar por sexo.

Por ello, es necesario habilitar otras medidas para paliar la discriminación, sobre todo en estos productos que entran dentro del ámbito laboral y cuyas aportaciones por parte de los empresarios —contribuciones— son salario. Se trata, en este caso, no de una discriminación por uso de servicios financieros, sino una discriminación salarial, cuestión, si cabe, todavía más grave.

Sin duda es un tema complejo en el que no se obtiene un consenso técnico, político y social. Ya en 2006, el que suscribe hizo un estudio junto a la profesora Dra. González Rabanal, publicado por el Instituto de Estudios Fiscales, donde se reflexionaba sobre el uso de una tabla actuarial unisexo y si su uso lograba evitar la discriminación entre mujeres y hombres. La conclusión fue que con respecto a los seguros individuales sí se logra evitar —aunque genera los problemas citados—, pero que con respecto a los seguros colectivos no. Se analizaron alternativas en el ámbito laboral, aún vigentes, para cumplir el propósito de no discriminación, viendo cuál sería el coste económico y cómo puede ser evaluado. Ya entonces fijamos una solución a través de una subvención al empresario, que se puede instrumentar como una deducción en su cuota del Impuesto de Sociedades, por el importe necesario para evitar la discriminación y que éste se calcule, para cada ejercicio fiscal, como la diferencia de capitalización actuarial que se da entre hombres y mujer.

Bibliografía:

GONZÁLEZ RABANAL, Mª de la C. y SÁEZ DE JÁUREGUI SANZ. L. Mª (2006): La política comunitaria contra la discriminación de género: una propuesta de evaluación de su coste en los planes y fondos de pensiones de empleo. Su aplicación al caso español. INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES. Madrid.

Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro.

Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación.

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad mujeres y hombres.

Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

SÁEZ DE JÁUREGUI SANZ, L. Mª (2007): "Las tablas actuariales de supervivencia y la igualdad efectiva de mujeres y hombres.". Indice: Revista de Estadística y Sociedad del INE, nº 23. Págs. 17-19.

SÁEZ DE JÁUREGUI SANZ, Mª Elena (2004): “La estrategia de discriminación de precios entre sexos en el sector asegurador: una cuestión de solvencia”. TESIS. Madrid. ICEA.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 1 de marzo de 2011.